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Sigue en la agenda pública: levantamiento de la ley de garantías

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Un “tsunami” generó en Colombia, un artículo incluido en el proyecto del Presupuesto General de la Nación PGN de la vigencia 2022, con el cual se le daría vía libre a las gobernaciones y alcaldías para que puedan celebrar contratos administrativos e interadministrativos 4 meses antes de las elecciones.

La Coalición de la Esperanza, dijo al Noticiero Nacional Digital que “eliminar la Ley de Garantías es querer comprar con burocracia contratos y abre la puerta a la corrupción para las elecciones del 2022. No podemos permitir que los recursos públicos terminen financiando las malas prácticas políticas bajo el argumento de la reactivación económica”.

En ese sentido, precisaron que “la reactivación económica depende de una buena gestión regional y local que ha debido planearse con antelación, más aún desde que Colombia comenzó a sentir los efectos de la pandemia. La suspensión de la Ley de Garantías no puede usarse como un instrumento para reelegir a Iván Duque en cuerpo ajeno a quien ahora, curiosamente, sí le parece una buena decisión. Basta ya de ver a alcaldes y gobernadores presionados, sometidos y humillados por el centralismo”.

Por su parte, el precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, manifestó: “hay algunas normas que tienen que hacer parte permanente nuestra realidad institucional. Creo que son necesarias para evitar la corrupción y dar legitimidad al sistema político, entre ellas la congelación de la nómina nacional, la congelación de la nómina de los entes territoriales y también la prohibición de hacer convenios interadministrativos por los entes territoriales, en fin, no estoy de acuerdo con esta modificación de afán y sin transparencia”, manifestó.

Rodrigo Lara Restrepo, también precandidato presidencial, aseguró: “No es casual que un gobierno desesperado y desgastado ante la opinión busque atajos impresentables para beneficiar presupuestalmente a los candidatos de sus afectos. Los beneficiarios de dicha medida deberían aclarar su postura al respecto para que el país pueda evaluar sus posiciones y podamos clarificar su compromiso con la transparencia y la igualdad frente a los demás candidatos”, explicó el congresista.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, por su parte, defendió el artículo, afirmando: “quiero señalar que este no es un artículo que responda ni a una jugadita, que este no es un artículo que es un mico, tampoco es un orangután. Este artículo lo pusimos de frente al país sin temor alguno, con la convicción de que es un artículo importante en el marco del PGN y es esencial en el propósito de reactivar la economía”, expuso en su momento el alto funcionario.

Otros sectores se pronunciaron

En carta al ministro de Hacienda y Crédito Público y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, también prendió las alarmas en relación al que modifica la Ley de Garantías.

“La Ley de Garantías tiene como propósito fundamental prevenir que la contratación estatal sea utilizada como un vehículo para materializar indebidas prácticas relacionadas con la actividad electoral, a través del favoritismo político patrocinado por contratistas inescrupulosos”, detallaron en el documento.

Consideraron que las restricciones asociadas a la contratación directa y a la celebración de convenios interadministrativos, “deben preservarse de tal manera que se impida la ejecución de recursos públicos con el fin de dirigirlos hacia intereses particulares, muchas de las veces, vinculados a campañas políticas regionales”, sentenció el gremio.

Finalmente, explicaron que “la inclusión del artículo que modifica la Ley de Garantías en el proyecto de ley del presupuesto está en contravía de lo señalado por el artículo 153 de la Constitución, que ordena darle trámite de ley estatutaria a los asuntos referentes a la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República, temas del estatuto de la oposición y garantías en materia electoral”,

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