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Alicia Arango, embajadora de Colombia en la ONU, otra diplomática que renunció a su cargo

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Fue ministra de Trabajo, del Interior y finalmente fue la designada para representar al país ante el organismo internacional.

Una de las principales funcionarias durante los primeros años del gobierno de Iván Duque y cercana al expresidente Álvaro Uribe, Alicia Arango, dejará próximamente el cargo que desempeñó desde diciembre de 2020 como embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en su sede en Ginebra, Suiza.

La ex ministra de Trabajo habría presentado su renuncia al gobierno Nacional para separarse del cargo a partir del próximo 1 de julio, según informó la emisora W Radio, día en que termina la 69a Sesión de la Junta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. De acuerdo con lo informado, el documento fue presentado antes de la segunda vuelta presidencial.

Con Arango son tres los diplomáticos colombianos nombrados por el presidente Duque que anuncian la renuncia al cargo antes de la posesión de Gustavo Petro, quien fue electo en los comicios presidenciales y asumirá la jefatura del Estado a partir del próximo 7 de agosto.

El primero en hacerlo fue Juan Carlos Pinzón, quien había sido designado como embajador en Washington, y anunció que estará en el cargo hasta el 6 de agosto porque no trabajará con el nuevo gobierno. “Yo no estaba ni estaré dispuesto a trabajar con la siguiente administración”, le dijo al diario El Tiempo.

Pinzón le envió una carta al jefe de Estado destacando los logros que obtuvo en su puesto. “Ha sido un período corto y lleno de intensidad, y con avances tangibles y contundentes”, dice el documento que compartió en su cuenta de Twitter. Además, recalcó que a lo largo de su vida ha trabajado de la mano de varios presidentes y gobiernos “siempre poniendo por encima de todo a Colombia”.

También lo hizo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata. En su carta de renuncia, indicó que durante estos 16 meses al frente de la Embajada en España se obtuvieron logros muy importantes en el desarrollo de la relación entre ambos países.

Arango empezó en el gobierno nacional como ministra de Trabajo que ocupó hasta el 14 de febrero de 2020, cuando pasó a ocupar el cargo de ministra del Interior. En esa posición estuvo unos meses y en septiembre le presentó la renuncia al presidente Duque, pero el mandatario le solicitó mantenerse por otros meses más.

Fue hasta diciembre que aceptó su renuncia y la designó en el cargo de embajadora de Colombia ante la ONU y en su lugar nombró a quien había sido el viceministro, Daniel Palacios, quien actualmente se encuentra frente al cargo de la cartera política del gobierno.

Arango es considerada una de las cercanas al exmandatario y llegó a la campaña de Iván Duque como la jefa de debate. En los audios conocidos del interior de la campaña por la presunta financiación que habría hecho el señalado narcotraficante Ñeñe Hernández, se reveló su manejo, pero también las diferencias que sostenía con otros miembros del Centro Democrático como Ernesto Macías y María Fernanda Cabal, así como con Luigi Echeverry, el gerente.

Por las menciones de Arango en esas conversaciones de presunta financiación ilegal a la campaña del presidente y miembro de ese equipo, la entonces ministra del Interior tuvo que rendir declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación a mediados de agosto de 2020.

Cuando estuvo en el ministerio del Trabajo generó polémica, porque en medio de una exposición de la reforma pensional del gobierno, aseguró que “a un ingeniero de sistemas no lo necesitas sino dos horas”, lo que levantó una oleada de críticas en las redes sociales.

Así mismo, durante las manifestaciones del año 2021, mientras varios países cuestionaban al gobierno, la embajadora en la ONU había guardado silencio. Además, contradijo en junio a la alta comisionada para los derechos humanos de ese organismo, Michelle Bachelet, a quien le dijo que tiraba números al aire, estaba equivocada y hacía daño al país, por un informe en el que esa oficina determinaba que la cifra de muertes ascendía a 56 mientras el gobierno solo consideraba 11.

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