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NI CALMA, NI PAZ

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Por Lola Portela

La llegada del gobierno que promete “la Paz Total”, no ha traído necesariamente calma.

La violencia en Colombia se ha incrementado y las cifras son impresionantes. Según información de la Fiscalía: 33 personas han muerto en masacres (homicidios múltiples y colectivos) en el país. Y lo delicado es que esta estadística es sólo entre el primero y el 19 de enero del 2023.

Colombia volvió a registrar nuevas masacres. No está claro si es por contiendas de narcotráfico y/o peleas por territorios entre disidencias de las Farc y el ELN, etc.

Lo cierto es que el informe registra que la lucha contra la droga también está estancada, asunto que ya comienza a preocupar a los Estados Unidos.

Tampoco olvidemos que, durante los últimos días, se evidenciaron públicamente los roces entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Esa situación muestra también que el orden público actual en el país es una situación bastante compleja. Ya que uno plantea impunidad, perdón, olvido. Mientras el otro pide respeto en su deber ser, desde la justicia.

Entre tanto, la Fuerza Pública colombiana está paralizada, tras el cese al fuego bilateral que anunció el gobierno Gustavo Petro, el 31 de diciembre del 2022, y que llevó al ELN a protestar casi inmediatamente. Actitud que dejó en entre dicho, si ese cese al fuego, fue una propuesta por parte Petro, con la intención de acción inmediata “obligada” para los 5 grupos que metió en el mismo saco de la paz. Y es que la protesta pública del ELN, también invitó a muchos a observar y analizar lo que realmente está pasando, en Colombia, con la “Paz Total”.

En el ámbito internacional, ya empiezan a hablar y a ver a Colombia como un narcoestado. Lo comparan con México.

No es para menos, pues el informe de la Fiscalía evidencia que no se ven incautación de droga, se registran 33 personas muertas en masacres y además hay más de 1.000 órdenes de captura represadas.

Entre tanto, el Ejecutivo continúa con el empeño de postular como “voceros de paz”, a integrantes de la Primera Línea, jóvenes que se levantaron en protestas violentas, apoyados por la izquierda. Sin embargo, los jueces de control de garantías de Colombia le dicen “no” al Gobierno Petro.

Recordemos que en el Congreso colombiano cursaron facultades extraordinarias para que el presidente de la República pudiera definir la política de sometimiento a la justicia de organizaciones armadas y un indulto para las personas de la denominada “Primera Línea”. Estas se vieron como un “mico”, pues significaba pasar la línea en la división de poderes que ha caracterizado la democracia en Colombia y que precisa la Constitución Nacional del país. Por eso la Paz Total, sigue en debate y tiene tantas contradicciones en cuanto a su alcance.

El Estado colombiano internacionalmente se destacó siempre por diseñar y poner en marcha varias políticas para enfrentar la amenaza de los grupos armados. Los gobiernos anteriores aumentaron la capacidad de las Fuerzas Armadas, y llegaron a judicializar miembros de organizaciones armadas ilegales e incluso se hicieron negociaciones de paz.

Sin embargo, estos mecanismos resultaron insuficientes para lograr la desarticulación definitiva de la variedad de grupos armados que operan en Colombia.

La Ley 418 de 1997, o Ley de Orden Público, modificada y prorrogada, por última vez mediante Ley 1941 de 2018, otorgó facultades al jefe de gobierno para asegurar la vigencia del Estado social del derecho. Esto incluye la capacidad de adelantar negociaciones con todos los grupos armados para promover la reconciliación entre los colombianos; los representantes del presidente tienen autorización para adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados al margen de la ley.

A su vez, la Ley 434 de 1998 establece que la paz es una política de Estado, crea la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y le asigna la vocería principal y responsabilidad de asesorar al presidente de la República en la organización y desarrollo de la política de paz.

Lo anterior quiere decir que en Colombia cada presidente de la República decide sobre el enfoque y desarrollo de la política de paz, sobre la base de sus creencias políticas, de las características de cada grupo armado ilegal, así como de consideraciones propias de cada momento histórico.

Al entrar el gobierno de Gustavo Petro de inmediato purgó y disminuyó las Fuerzas Armadas del país. Y quedó registrado que durante su campaña los casos de policías asesinados, fueron diarios. Incluso el propio Gustavo Bolívar, uno de sus amigos más cercano, se refería a la Policía con frases descalificadoras que de alguna forma invitaban al exterminio de los mismos.

Esa decisión, por parte de Gustavo Petro, de menguar las Fuerzas Armadas (militares y policías) en Colombia, ocurre a pesar del resultado presentado en el 2022 por seis instituciones diferentes que coincidieron en el aumento de las cifras de violencia en distintos órdenes en Colombia.

En ese informe a Human Rights Watch (HRW) le preocupa los abusos cometidos por grupos armados, Indepaz y la Defensoría –aunque con cifras diferentes– alertaron sobre los asesinatos de líderes sociales. A su vez, el Ministerio de Defensa informó sobre incremento del secuestro, la ONU reportó una gran cifra de personas confinadas y la Misión de Observación Electoral (MOE) también calificó el 2022 como uno de los más violentos desde la firma del último acuerdo de paz con el expresidente Santos.

Esos informes señalan graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador.

En el gobierno de la “Paz Total” de Gustavo Petro tampoco hay calma, y mucho menos paz. Hay hambre, escasez y protestas violentas en Nariño, pero según lo expresó recientemente Petro la culpa es de los gobiernos anteriores. Y es que incluso la delincuencia común se tomó Bogotá, la capital colombiana, y algunas ciudades intermedias y municipios.

Es claro que sin justicia, no se puede hablar de paz, por eso tampoco hay, ni habrá calma total.

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