Comunicado
Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2025 – La sociedad Plural Comunicaciones S.A.S., en su calidad de concesionario del Canal 1, informa a la opinión pública su categórico rechazo y enérgica condena a las imputaciones contenidas en la Resolución 69248 del 9 de septiembre de 2025, así como al pliego de cargos
formulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Esta compañía considera que dicha actuación constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y se inscribe en una campaña de hostigamiento sistemático,proveniente de altas instancias del Gobierno nacional, en contra de un medio de comunicación libre.
Plural Comunicaciones S.A.S., concesionario del Canal 1, informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las imputaciones contenidas en la Resolución 69248 del 9 de septiembre de 2025 y en el pliego de cargos formulado por
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Esta actuación no solo desconoce los hechos, sino que además se inscriben en un patrón de hostigamiento reiterativo de diferentes autoridades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros, que continúan la presión política, con el propósito de
debilitar a un medio de comunicación libre y democrático.
Para claridad de la opinión pública, y con el fin de demostrar la actuación sesgada y arbitraria de la SIC, vamos a aclarar, desde ya, lo que en miles de páginas hemosexplicado a la SIC.
– El 9 de agosto de 2024 se suscribió una carta de intención, un instrumento exploratorio, sin efectos vinculantes (como la misma carta indica) ni de ejecución inmediata, donde se planteó un derrotero general del potencial negocio. Este negocio cambió luego del análisis legal.
– Las partes contrataron un due diligence con reconocidas empresas para determinar los requisitos legales asociados al negocio.- El 27 de agosto de 2024, de forma previa a cualquier acto jurídico, en reunión con la Superintendente de Industria y Comercio anunciamos la intención de: (i) realizar una operación de comercialización conjunta de pauta entre Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. (Caracol Radio S.A) y Plural Comunicaciones S.A.S (Canal 1) y (ii) provisión de contenidos en favor de
Canal 1.
– En dicha reunión, de la cual hay registro, la Superintendencia afirmó que dicha operación no requería de su autorización previa ya que, Caracol Radio S.A no participaba en el mercado de televisión, ni Canal 1 participaba en el mercado de la radio.
– Consultados los equipos jurídicos, se concluyó que, por tener una participación combinada de menos del 0.5% en el mercado de pauta publicitaria digital, lo conducente era notificar la operación. Ni Caracol Radio participaba en mercados o cadena de valor de pauta o contenido para televisión; ni Canal 1 en la cadena o actividad de pauta o contenido para radio.
– El 6 de septiembre de 2024 las partes notificaron a la SIC la operación incluyendo dichas actividades y mercados. Conforme con la Ley, cuando las partes no superan el 20% del mercado, la operación queda autorizada con la simple notificación.
– Posteriormente, las partes, el 26 de septiembre de 2024, a la espera de un due diligence confirmatorio y de una aclaración solicitada por la SIC, decidieronfirmar un contrato de licenciamiento de contenidos. Contrato que siguió la
forma y estructura de los contratos que Plural Comunicaciones S.A.S tenía con muchos otros proveedores de contenido para televisión.
– El día 28 de Octubre de 2024, el Presidente de la República publicó en la red social X, lo siguiente:
“Invito a trabajadores y periodistas del canal uno a organizarse en
cooperativas. Colombia debe tener experiencia en el cooperativism
periodístico independiente.
La operación hecha por el grupo prisa sin consulta del gobierno, no puede ser una masacre laboral ni un paso más al periodismo de los grandes gruposeconómicos”
– El 30 de octubre de 2024, la SIC remitió comunicación a las partes donde,según su análisis y en contra de sus propios precedentes, afirmó que no estaba de acuerdo con la definición de mercados relevantes realizada por las partes.
– Las partes, respetuosas de la Ley, pero amparadas en que ya habían notificado la operación, y en el nuevo contrato temporal de licenciamiento de contenidos, salieron al aire el 1 de octubre de 2024. Ese día Canal 1 lanzó su nueva parrilla incluyendo programas de Caracol Radio S.A, entre ellos el programa 6 am del reconocido periodista Gustavo Gómez. Él anunció la
transmisión de su programa usando el histórico slogan del Canal 1 “Todos Somos Uno”, que la SIC usa como indicio de la supuesta integración.
Dicho todo lo anterior: a pesar de la notificación de haber firmado un contrato de licenciamiento de contenido, la operación originalmente proyectada y con la estructura de negocio planteada por las partes nunca se consolidó, y Canal 1 y Caracol Radio continuaron desarrollando su comercialización de pauta
publicitaria de forma separada.
Lo demás, es historia. Desde esa fecha, ese día a esa hora, el Gobierno inició una persecución frontal contra el Canal 1, su concesionario y accionistas.
Rechazamos categóricamente que la SIC haya utilizado, como parte de su argumentación, conceptos jurídicos elaborados por abogados de Caracol Radio, radicados en el exterior, los cuales están amparados por la reserva legal y la confidencialidad profesional.
Y vemos que, dichos documentos, lejos de constituir prueba de alguna irregularidad,reflejan por el contrario el esfuerzo de las dos empresas por garantizar que todas sus actuaciones estuvieran alineadas con la normatividad vigente y con las mejores
prácticas del derecho de la competencia a nivel Colombiano y Europeo.
Plural Comunicaciones S.A.S. concesionario del Canal 1, reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de la pluralidad informativa en Colombia, al tiempo que ejercerá todos los mecanismos legales de defensa contra quienes, por
acción y omisión, han colaborado en la destrucción de la libertad de prensa y asistirá a todos los órganos en el ámbito nacional e internacional para garantizar sus derechos y los de la opinión pública a recibir información libre, independiente y diversa.
