.La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez apeló la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, mientras el Tribunal Superior de Bogotá anuló las interceptaciones telefónicas practicadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018.
La Sala Penal del Tribunal instaló este martes la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa. La diligencia comenzó a las 8:02 de la mañana y se desarrolló de manera virtual, aunque los magistrados participaron de forma presencial.
El caso está a cargo de los magistrados Manuel Antonio Merchán (ponente), Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, quienes revisaron el fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia, emitido el pasado 1 de agosto. En una sentencia de 1.114 páginas, Heredia determinó que Uribe, a través de su exabogado Diego Cadena, ofreció beneficios a reclusos como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para modificar sus declaraciones sobre presuntos vínculos del exmandatario con el bloque “Metro” de las AUC.
El Tribunal indicó que el proceso no ha prescrito y que la audiencia se centrará en tres temas: las solicitudes de nulidad de la defensa, las exclusiones probatorias y la evaluación de la responsabilidad penal del exmandatario.
Hasta el momento, la Sala ha llegado a cuatro conclusiones principales. Entre ellas, la absolución de Uribe por los supuestos sobornos a Eurídice Cortés y Carlos Enrique Vélez (alias “Víctor”), al no encontrarse evidencia de ofrecimientos ilícitos.
El magistrado Merchán señaló que las reuniones entre Mario Uribe, Cadena y el expresidente no prueban órdenes ni instrucciones delictivas. Las interceptaciones, agregó, solo reflejan gestiones informadas por Cadena, sin indicios de presión o inducción penal.
Asimismo, el Tribunal declaró ilegales las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema realizó en 2018, al considerar que vulneraron la intimidad del entonces senador Uribe, pues las escuchas estaban dirigidas al excongresista Nilton Córdoba. En contraste, ratificó la validez de la interceptación a una conversación entre Uribe y Cadena, al tratarse de una excepción a la confidencialidad abogado-cliente en casos de presunta actividad delictiva.
Cualquiera que sea el sentido de la decisión final, se prevé que la parte afectada interponga recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si lo admite para revisión.
