Una controversia ha surgido en el ámbito de la libertad de prensa en Colombia tras una orden emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que exige a diversos medios de comunicación entregar documentación interna relacionada con sus políticas editoriales y contenidos informativos. Críticos han calificado esta medida como una posible forma de censura encubierta, argumentando que representa una injerencia indebida en la autonomía periodística.
La CRC ha solicitado a los medios detalles sobre cómo aseguran la imparcialidad, objetividad y veracidad en sus espacios noticiosos, incluyendo evidencias de capacitaciones al personal, mecanismos de autocontrol y la designación de supervisores internos o externos. Además, pide descripciones sobre los criterios para seleccionar temas, fuentes y enfoques en la información, junto con soportes de reuniones o comités editoriales, así como manuales y protocolos vigentes.
Esta petición se enmarca en las atribuciones de vigilancia de la CRC, basadas en la Ley 680 de 2001, que busca diferenciar entre publicidad e información. Sin embargo, coincide con una reciente sentencia del Consejo de Estado que reprochó a la entidad por no regular adecuadamente las alocuciones presidenciales, ordenándole establecer normativas al respecto.
Expertos en derecho han expresado fuertes críticas. El penalista Francisco Bernate advirtió que esta exigencia podría interpretarse como censura indirecta, al invadir las deliberaciones internas de las redacciones y generar efectos inhibitorios en la libertad informativa. Sostuvo que cualquier intervención estatal debe cumplir estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sin afectar la autonomía editorial.
Por su parte, Gonzalo Ramírez Cleves, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, describió la solicitud como «intrusiva» por parte del gobierno, ya que podría limitar la libertad de expresión e información consagrada en la Constitución, pese a que esta tiene ciertos límites razonables.
Otro penalista, Fabio Humar, la tildó de «absolutamente ilegal», enfatizando que el Estado no debe interferir en los contenidos de la prensa, salvo en casos extremos como la difusión de información falsa que genere pánico o amenace la seguridad pública.
El presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales, vinculando la medida a un fallo del Consejo de Estado que, según él, busca censurarlo. «No solo me censurará a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético», escribió, y mencionó que la CRC rechazó a su delegado designado constitucionalmente.
Hasta el momento, no hay resolución oficial a esta disputa, y la orden de la CRC sigue vigente, generando debates sobre su constitucionalidad y posibles impactos en la libertad de prensa. Analistas sugieren que podría escalar a instancias judiciales si no se aclaran sus motivaciones. Seguiremos monitoreando este desarrollo que pone en tela de juicio el equilibrio entre regulación y derechos fundamentales.
