La Procuraduría solicitó este lunes 11 de agosto al Tribunal Superior de Bogotá revocar el fallo que condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), alegando vicios en la evaluación de pruebas.
“Respetuosamente solicito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (que) revoque la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, en los aspectos que fueron objeto de disenso”, sostiene el recurso de apelación, firmado por el procurador Bladimir Cuadro.
El delegado del Ministerio Público sostiene que el fallo de Heredia carece de “evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia” y presenta varios “yerros probatorios”.
“Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación” en contra de Uribe, señala una de las conclusiones del recurso, de 81 páginas.
Según Cuadro, no está comprobado jurídicamente que Uribe haya determinado al abogado Cadena para buscar presos paramilitares, tal y como sostiene la tesis de la fiscal del caso, que fue acogida por Heredia.
“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, añadió.
Además, el recurso señala que unas llamadas entre Uribe y Cadena, avaladas por la jueza como pruebas en el proceso, deberían desecharse por tratarse de comunicaciones amparadas por el secreto profesional entre abogado y cliente, tal como defendió la defensa del expresidente.
Defensa de Álvaro Uribe apelará el fallo
Este miércoles 13 de agosto, fecha límite establecida por la jueza Sandra Heredia, la defensa de Álvaro Uribe presentará la apelación a la condena ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Los tres magistrados de la Sala Penal No 19 del Tribunal Superior de Bogotá se dedicarán única y exclusivamente a estudiar la apelación.
Quien dio la autorización fue el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que instó a los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto a que en los próximos 15 días solo se enfoquen en el caso Uribe.
Esto quiere decir que los tres magistrados no recibirán tutelas para que sean resueltas ni otro tipo de recurso jurídico, sino que dedicarán su tiempo enteramente a lo concerniente al caso del expresidente.
“Teniendo en cuenta la complejidad y la connotación nacional del proceso seguido en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y con el propósito de que los magistrados que integran la sala de decisión penal No. 19 puedan asumir el conocimiento del proceso, en segunda instancia, sin que existan acciones de tutela en trámite; el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Acuerda: suspender entre el 5 al 20 de agosto de 2025, sin que sea objeto de compensación, el reparto de acciones de tutela”, se lee en el documento de dos páginas.
Tutela para tumbar prisión domiciliaria
La defensa del expresidente presentó una acción de tutela (recurso de amparo) ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que solicita la libertad del exmandatario hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia.
El abogado Jaime Granados consideró en su recurso que la sentencia del pasado 1 de agosto “transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez”.
En esa dirección, el equipo jurídico de Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, pide que se amparen esos derechos y que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras avanza el proceso de apelación.
El magistrado Ramiro Riaño Riaño, del Tribunal Superior de Bogotá, había sido designado por reparto para estudiar la acción de tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, se declaró impedido argumentando que su compañera sentimental había sido nombrada en un cargo en la Fiscalía durante la administración de Eduardo Montealegre, quien es una de las víctimas reconocidas en el expediente.
