Justamente, en el 2025 se aprobó la primera ley que establece la creación de un registro nacional para identificar a menores de edad afectados e impulsar ayudas estatales, incluyendo asistencia psicológica, respaldo financiero y cobertura de servicios fúnebres y traslados
Entre muchas historias que protagonizaron el 2025, las noticias sobre cientos de mujeres a las que les arrebataron la vida en medio de crímenes de género ganaron relevancia en todos los diarios del país.
De hecho, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el año cerró con un consolidados de 973 mujeres asesinadas que, además de enlutar a familias enteras, también dejaron a centenares de niños sin refugio más cercano: su madre.
De hecho, según el reporte más reciente del observatorio, durante 2025 un total de 494 quedaron huérfanos tras el feminicidio de sus madres, de los cuales, 226 correspondieron a niñas y 268 fueron niños que lo perdieron todo.
Incluso, durante este año los casos también llegaron a afectar a mujeres que, antes de dar a luz a su primogénito, les fue arrebatada la vida, con un total de siete casos.
Sin embargo, a las cifras anteriores se suman tres casos de mujeres que, además de estar en estado de gestación, también tenían hijos de diversas edades; es decir, por esos crímenes quedaron un total de 17 menores huérfanos.
Del número de niños víctimas indirectas de los crímenes de género, el 73,9% se ubicó en las zonas urbanas del país, mientras que el 26,1% quedó en la ruralidad donde el acceso a apoyo emocional y social se dificulta.
Además, los datos demográficos que, por lo general, los casos donde las madres fueron asesinadas solían ocurrir en contextos de pobreza de extrema a moderada, lo que dificultaba el acceso a servicios especializados para los menores que, por distintas razones, no quedaron en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Algunos casos de feminicidio que lamentamos en 2025
De hecho, el 2025 dejó varios casos de relevancia nacional que quedaron en la mente de familiares y de la comunidad. Uno de los casos más sonados fue el de Paula Andrea Quintana Quintana en el barrio La Esmeralda de Bosa, localidad del sur de Bogotá, ocurrido el 7 de septiembre.
César Augusto Urrego Jaramillo, expareja sentimental de la víctima, fue capturado bajo una orden judicial más de un mes después del crimen, al que se le atribuyeron los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado.
Los hechos ocurrieron cuando el agresor ingresó a la vivienda donde estaba la víctima, sometió y amordazó a la madre y al hijo de Quintana, y finalmente provocó la muerte de la joven por asfixia mecánica. Tras el crimen, intentó incendiar la vivienda para destruir evidencias.
Asimismo, el cierre del 2025 se vio protagonizado por la medida de aseguramiento contra Giovanni Mauricio Quintero, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por el presunto feminicidio de la patrullera de la Policía Nacional, Vanesa De León Pertuz, ocurrido en Valledupar.
De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió la mañana del sábado 29 de noviembre en una residencia del barrio Primero de Mayo. Testigos informaron en su momento a medios de comunicación que, tras oír gritos y una fuerte discusión en el inmueble, encontraron a De León Pertuz gravemente herida junto a una reja y con múltiples lesiones con arma cortopunzante.
De León Pertuz habría manifestado su intención de terminar la relación, situación que pudo haber desencadenado el ataque, y dejó a un niño de cinco años huérfano.
“La víctima y el hoy indiciado sostenían un vínculo desde hace años, formaron un hogar y tenían un niño, pero en días recientes habrían tomado caminos separados”, declaró en su momento el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, a Noticias Caracol.
Fue por esa razón que, en agosto de 2025, el presidente de la República sancionó la primera ley que respalda de forma integral a menores de edad huérfanos por feminicidio en Colombia, en respuesta a la alarmante realidad de que más de 500 niños y adolescentes pierden a sus madres cada año víctimas de este crimen.
Esta medida busca cancelar una deuda histórica del Estado hacia los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género, quienes hasta el momento han permanecido en situación de extrema vulnerabilidad y con insuficiente respaldo institucional.
El alcance normativo de la iniciativa se materializó en la creación de un Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, herramienta diseñada para identificar a las víctimas, garantizar su protección y agilizar la entrega de ayudas estatales.
Los menores incluidos en este registro accederán de modo prioritario a asistencia psicosocial gratuita y a apoyo económico dirigido especialmente a quienes pertenezcan a los niveles A, B y C del Sisbén. Además, el Estado asumirá los costos funerarios y de traslado de las víctimas, con el objetivo de evitar que las familias deban enfrentar numerosos trámites administrativos y cargas económicas durante el duelo.
La representante a la Cámara Juliana Aray, promotora del proyecto desde el Partido Conservador, destacó la importancia de esta ley para reparar el abandono histórico de los menores afectados y de sus madres.
“Con esta ley buscamos garantizar un futuro digno a quienes han quedado en situación de vulnerabilidad por el feminicidio de sus madres. Es una deuda con las mujeres que el Estado no pudo proteger y con sus hijos e hijas, que no pueden quedar condenados al abandono y la indiferencia”, señaló la congresista en su momento.
Para la implementación efectiva de estas medidas, diferentes organismos estatales deberán coordinar sus esfuerzos. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio TIC, el Icbf, la Fiscalía y Medicina Legal tendrán responsabilidades compartidas, entre ellas la actualización del registro nacional, la gestión de programas de acompañamiento emocional y económico y el desarrollo de estrategias de apoyo integral.
