Por Hector Merlano Garrido
Dejemos los eufemismos.
Después de cuatro años de discursos sobre la “Paz Total”, Colombia no recibió un país con organizaciones armadas debilitadas, reducidas y encaminadas hacia su desaparición.
Recibió organizaciones armadas más numerosas, con mayor presencia territorial y con capacidad suficiente para continuar sometiendo regiones enteras a la extorsión, el confinamiento, el desplazamiento, el reclutamiento y el terror.
Las cifras son demoledoras.
Según datos del Ministerio de Defensa recogidos por la Fundación Ideas para la Paz, los integrantes de los principales grupos armados pasaron de aproximadamente 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026.
Cerca de un noventa por ciento más.
No crecieron las mesas de paz solamente.
Crecieron los ejércitos ilegales.
No se expandió únicamente el diálogo.
Se expandieron las estructuras armadas.
No aumentaron solamente los gestores de paz.
Aumentaron los hombres en armas.
Y mientras desde Bogotá se repetía hasta el cansancio la expresión “Paz Total”, buena parte de la Colombia periférica aprendía otra traducción de aquellas palabras: confinamientos, desplazamientos, extorsiones, reclutamiento de menores, disputas territoriales, explosivos y ataques contra la Fuerza Pública.
La realidad terminó siendo brutalmente distinta del eslogan.
Les dieron tiempo y los violentos crecieron
El Estado suspendió operaciones, abrió negociaciones, reconoció interlocutores, concedió ceses, solicitó suspensiones de órdenes de captura y construyó todo un entramado institucional destinado a demostrarles a las organizaciones ilegales que existía una puerta para abandonar la violencia.
¿Y qué hicieron varias de esas organizaciones durante ese tiempo?
Crecieron.
Reclutaron.
Se expandieron.
Disputaron territorios.
Fortalecieron sus economías criminales.
Y continuaron matando.
Después podrán escribirse tratados enteros para explicar las causas estructurales de la violencia colombiana. Todas existen y nadie sensato las desconoce.
Pero existe una realidad política imposible de esconder detrás de ellas:
el Gobierno recibió unos grupos armados y terminó su mandato con unas estructuras ilegales considerablemente más numerosas.
Ese es un resultado de gobierno.
Y los gobiernos también responden políticamente por sus resultados.
La paz no puede consistir en facilitarle la guerra al adversario
Una negociación tiene sentido cuando conduce progresivamente a reducir la capacidad de violencia.
Cuando ocurre lo contrario, hay que preguntarse quién utilizó a quién.
Porque si mientras el Estado disminuía determinadas presiones militares y judiciales las organizaciones ilegales aprovechaban para reclutar, reorganizarse, ampliar corredores y consolidar territorios, aquello dejó de parecer una estrategia para desmontar estructuras criminales y empezó a parecer una extraordinaria oportunidad para que esas estructuras se fortalecieran.
Y mientras eso ocurría, las instituciones colombianas tenían una obligación elemental:
hacer cumplir la ley.
También la Fiscalía.
Especialmente la Fiscalía.
Y entonces aparece nuevamente Calarcá
Por eso el episodio de la caravana no puede reducirse a una anécdota incómoda de la Paz Total.
Integrantes de una estructura armada circulaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección.
Las autoridades los interceptaron.
Encontraron armas, municiones y dispositivos electrónicos.
Y algunos terminaron en libertad por los efectos atribuidos a suspensiones de órdenes de captura relacionadas con el proceso de paz.
Entonces la pregunta debe formularse sin anestesia:
¿La condición de participante en una negociación de paz se había convertido en Colombia en un escudo frente a la actuación ordinaria de la justicia?
Si la respuesta es no, que se explique jurídicamente qué ocurrió.
Y si la respuesta es sí, que alguien explique cuándo decidió el Estado colombiano que negociar la paz significaba semejante cosa.
La Fiscalía no era una dependencia de la Paz Total
Este punto es fundamental.
El Presidente podía diseñar su política de paz.
El Gobierno podía defenderla.
El comisionado podía negociarla.
Pero la Fiscalía General de la Nación tenía otra función constitucional.
Investigar delitos.
Por eso debemos conocer hasta dónde llegaron las decisiones adoptadas desde su dirección para facilitar aquella política.
¿Cuántas suspensiones fueron tramitadas?
¿Cuáles fueron controvertidas?
¿Qué instrucciones se impartieron a los fiscales?
¿Qué ocurrió cuando beneficiarios de esos mecanismos aparecieron relacionados con nuevos hechos presuntamente delictivos?
¿Qué pasó con las evidencias obtenidas?
¿Cuánto tardaron las investigaciones?
Y, sobre todo:
¿dónde terminaba la cooperación institucional con una política legítima del Gobierno y dónde comenzaba el debilitamiento de la persecución penal?
Esa frontera debe ser esclarecida.
El resultado está ahí
Podrán cambiarle el nombre.
Podrán buscar explicaciones.
Podrán elaborar discursos sobre la complejidad del conflicto.
Pero existe un dato que ningún discurso puede borrar:
durante los años de la denominada Paz Total, las organizaciones armadas ilegales crecieron extraordinariamente.
Y detrás de esas estadísticas hubo colombianos de carne y hueso.
Campesinos confinados.
Familias desplazadas.
Niños reclutados.
Soldados y policías atacados.
Comerciantes extorsionados.
Comunidades obligadas a convivir con hombres armados que terminaron ejerciendo en numerosos territorios una autoridad que constitucionalmente pertenece al Estado.
A esas víctimas difícilmente puede pedírseles que celebren como éxito una política cuyo nombre prometía paz mientras ellas continuaban padeciendo la violencia.
La pregunta que queda
Tal vez algún día Colombia pueda determinar con precisión cuánto del fortalecimiento de esas organizaciones obedeció a errores de la Paz Total.
Pero la responsabilidad política no puede esperar eternamente a que exista un modelo econométrico capaz de distribuir matemáticamente cada muerto, cada desplazado y cada nuevo combatiente entre todas las causas posibles.
Un gobierno propone una política.
La ejecuta.
Defiende sus instrumentos.
Recibe advertencias.
Toma decisiones.
Y finalmente entrega resultados.
El resultado de la Paz Total también puede expresarse con una cifra:
de aproximadamente 15.000 integrantes de grupos armados a cerca de 29.000.
Ese crecimiento ocurrió mientras se ejecutaba una política cuyo propósito declarado era conducir precisamente a esas organizaciones hacia la paz.
La contradicción no necesita eufemismos.
Necesita explicaciones.
Y también necesita responsables políticos.
Porque gobernar no consiste solamente en responder por las intenciones.
Consiste, sobre todo, en responder por las consecuencias
