Por: Darío Martínez Betancourt
La asamblea constituyente, que expidió la Constitución Política de 1991, fue elegida en las elecciones que se realizaron el 9 de diciembre de 1990. Acudieron a las urnas 3.710.557 electores, que representó el 27.1% del potencial electoral. Se eligieron 70 miembros.
La abstención ciudadana fue del 72.9%, algo sin precedentes en la historia política colombiana. La Constitución Política fue el engendro más antidemocrático.
No hubo legitimidad política. La legitimidad se deriva del apoyo popular, del consenso y del respaldo que el pueblo otorgue a sus gobernantes y/o elegidos. Se trató de legitimar mediante elecciones, la expedición de una nueva Constitución
Política del Estado, la cual señalaría el alcance de su propia legitimidad al establecer que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, lo mismo que los principios fundantes y los fines esenciales del Estado.
La legitimidad absolutamente necesaria, no se dio en la elección de constituyentes por el triunfo abrumador de la abstención. La obra constitucional encomendada a los constituyentes desde las perspectivas de su realización y fines, arrastró la ilegitimidad en su nacimiento.
El efecto conlleva el estigma de su causa. Ahora parece que solo queda abierto el mecanismo del acto legislativo expedido por el congreso para reformar la Constitución con límites competenciales fijados por la corte constitucional. O sea, modificaciones cosméticas no esenciales. Descartados la asamblea constituyente o el referendo popular.
La titularidad del poder constituyente y su decisión política de aprobar la constitución que nos rige, se adoptó por una absoluta minoría, que la deslegitimó en su origen.
Estuvo ausente el asentimiento y la convalidación democrática popular. Desde el punto de vista de su legitimidad democrática el nuevo pacto político y jurídico tiene precaria validez y su vigencia, cuasi pétrea por alguna jurisprudencia de la corte constitucional, se ha convertido en una especie de silogismo de una república ideal.
Tenemos positividad constitucional como resultado de la expresión de una minoría política, que creó desde sus inicios el partido de la lealtad constitucional, sin reparosen las inconsistencias ideológicas, filosóficas y doctrinarias, en los poderes absolutos de la corte constitucional y en la inviabilidad de reformas constitucionales sustanciales por cuenta del congreso.
Este irreparable e insubsanable vicio de carencia de legitimidad democrática, alejó varios factores reales de poder, especialmente la voluntad popular como poder social con influencia política. La Constitución Política y la Constitución jurídica,transitan por sendas distintas y no coinciden en la proclamación y concreción de la realidad de lo que vivimos y padecemos. Se ignora el realismo dialéctico constitucional y se lo reemplaza por el endiosamiento constitucional y la vulneración de los mínimos esenciales del Estado democrático liberal. Cierta interpretación constitucional, permite que la corte constitucional sustituya impunemente a las otras ramas del poder público.
Existe la falsa creencia de ser poseedores y beneficiarios de una constitución perfecta y que ésta nada tiene que ver con tantas dolencias de Colombia cada día más graves. Hay una verdad histórica insoslayable. Sobre su desconocimiento y negativa a corregir, recae gran parte de los problemas constitucionales que más que en Derecho, son parte del fundamento no sólido, ilegítimo e improvisado del poder, reflejado en las formas de participación democrática, en los deberes y obligaciones de las personas, en la protección y aplicación de los derechos, en los derechos sociales, económicos y culturales, en los derechos fundamentales como el derecho a la vida, y en la estructura y funcionamiento del Estado.
El poder constituyente en 1990 y en 1991, desde el punto de vista de su legitimidad nació muerto. La germinación y ejercicio histórico concreto, son insuficientes.
