El país tiene un plazo de tres años para reincorporarse antes de enfrentar sanciones internacionales.
Colombia ha sido suspendida del Egmont Group, una red internacional de unidades de inteligencia financiera que facilita el intercambio de información crucial para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La suspensión se originó tras la divulgación no autorizada por parte del presidente Gustavo Petro sobre la presunta compra del software espía Pegasus, un tema confidencial que fue compartido a través de los canales de Egmont durante el mandato de Iván Duque.
Según explicó el exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y exvicepresidente del Egmont Group, Alberto Lozano, esta situación representa una pérdida significativa para el país en términos de celeridad y anticipación en la lucha contra el crimen organizado. La cooperación rápida y precisa entre naciones es clave en casos de terrorismo y lavado de dinero, sectores en los que el país ahora estará más limitado.
El riesgo para Colombia no solo se detiene en la suspensión temporal. Si en tres años el país no logra reincorporarse al Egmont Group, podría ser incluido en una «lista gris», una categorización que afectaría la confianza internacional en el sistema financiero colombiano, con posibles repercusiones en inversiones y comercio exterior.
Para evitar este escenario, el país tendrá que trabajar en resolver las condiciones que llevaron a la suspensión, restaurando su posición en el Egmont Group antes del plazo límite.
Razones de la decisión
Son dos aspectos clave los que han provocado un profundo malestar en el Grupo Egmont.
Primero, la divulgación pública de un documento confidencial enviado por la IMPA de Israel, que estaba destinado únicamente a la Fiscalía General y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La filtración de este reporte reservado violó los protocolos de seguridad establecidos por la organización.
Y en segundo lugar, el Grupo Egmont expresa su preocupación por la posible pérdida de autonomía e independencia operativa de la UIAF, un pilar fundamental para garantizar la transparencia y eficacia en la lucha contra los delitos financieros a nivel internacional.