Su responsabilidad en el proceso de expedición de pasaportes fue la causa de la sanción.
Este martes, la Procuraduría General de la Nación sancionó con una inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos al excanciller Álvaro Leyva Durán. La decisión, emitida en la Sala de Audiencias de la Procuraduría, responde a presuntas irregularidades cometidas por Leyva en la licitación para la expedición de pasaportes en 2023.
Según el Ministerio Público, Leyva habría violado los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación, afectando así el proceso de expedición de pasaportes. La Procuraduría señaló que esta decisión careció de fundamentos técnicos y jurídicos suficientes, lo que generó un vacío en la operación necesaria para la emisión de los documentos de viaje y una aparente falta de planificación en la transición contractual durante el gobierno de Gustavo Petro.
Leyva, tras conocer la sanción, argumentó que la Procuraduría se extralimitó en su competencia al cuestionar la validez de actos administrativos que, según él, solo podrían ser revisados por jueces. Además, denunció que el proceso disciplinario se llevó a cabo sin transparencia, afirmando que no se conoció a los integrantes de la Sala de Juzgamiento ni se facilitó una conexión virtual.
El excanciller Álvaro Leyva Durán se pronunció este martes en rechazo a la sanción de destitución e inhabilidad por diez años impuesta por la Procuraduría General de la Nación. La medida, motivada por presuntas irregularidades en la licitación para la impresión de pasaportes, ha sido calificada por Leyva como una decisión “política” y no jurídica.
En declaraciones a la prensa, Leyva aseguró que la sanción fue “preconcebida” y que el fallo fue influenciado por intereses ajenos a la justicia. “Esto no es un tema jurídico, es un asunto político”, afirmó el exministro, subrayando que el procurador Ernesto Espinosa, quien lideró la audiencia, mostró señales de duda durante la lectura del fallo.
El excanciller Álvaro Leyva Durán se pronunció este martes en rechazo a la sanción de destitución e inhabilidad por diez años impuesta por la Procuraduría General de la Nación. La medida, motivada por presuntas irregularidades en la licitación para la impresión de pasaportes, ha sido calificada por Leyva como una decisión “política” y no jurídica.
En declaraciones a la prensa, Leyva aseguró que la sanción fue “preconcebida” y que el fallo fue influenciado por intereses ajenos a la justicia. “Esto no es un tema jurídico, es un asunto político”, afirmó el exministro, subrayando que el procurador Ernesto Espinosa, quien lideró la audiencia, mostró señales de duda durante la lectura del fallo.
Leyva argumentó que el proceso disciplinario estuvo marcado por la falta de transparencia y que sus pruebas no fueron valoradas adecuadamente. Acusó a la procuradora Margarita Cabello de prejuzgamiento, señalando que desde finales de 2023 ella anticipó públicamente posibles resultados del caso, lo cual, a su juicio, compromete la imparcialidad del fallo. “Cabello actuó con ligereza al anunciar que habría resultados antes de finalizar enero”, criticó el excanciller.
El exfuncionario también denunció que el juicio se realizó sin revelar la identidad de los jueces involucrados, una práctica que, según él, viola los derechos humanos en Colombia. “Este juicio se desarrolló en una especie de ‘justicia sin rostro’, proscrita por ir en contra de las garantías fundamentales”, aseveró.
Leyva informó que presentará una recusación contra Margarita Cabello, acusándola de parcialidad por ser la superior y nominadora de los funcionarios que lo sancionaron. En un comunicado público, expresó su intención de apelar la decisión y, si es necesario, de llevar su caso ante instancias judiciales independientes.
Finalmente, el exministro hizo un llamado a que la Procuraduría recupere su rol como guardián de la moral pública, libre de influencias políticas, en pro de una justicia imparcial. El fallo en su contra, por ahora, es de primera instancia y está pendiente de revisión en una segunda.
