La reforma educativa pende de un hilo en el Congreso, enfrentando una fuerte resistencia y un tiempo limitado para alcanzar un consenso.
En el contexto de las recientes movilizaciones, la ministra de Educación, Aurora Vergara, recibió fuertes críticas en el Congreso, incluso de miembros del propio Pacto Histórico. La controversia gira en torno a la ley estatutaria que ha desencadenado el paro de Fecode. El Gobierno ya ha anunciado su intención de impulsar cambios en dicha ley.
En un debate en la Comisión Sexta del Senado, inicialmente programado para abordar la situación de la Universidad Nacional, la discusión se centró en la coyuntura actual. Miembros del Pacto Histórico, incluido Sandra Jaimes, senadora y educadora, instaron a la ministra a retirar el proyecto de ley, argumentando que afecta el derecho a la educación pública y castiga a los docentes.
La ministra se defendió, señalando que el proyecto no se retirará e invitó a todos los sectores, incluyendo a Fecode, a participar en una mesa para aplicar cambios a la ponencia del último debate; además insistió en que el Gobierno no permitirá la privatización de la educación pública y se comprometió a no cruzar «líneas rojas». Subrayó que el objetivo es construir consensos, respetando los procesos de diálogo y movilización.
La evaluación docente es un punto especialmente conflictivo. «El proyecto propone mantener la evaluación actual, excluyendo las pruebas estandarizadas como criterio principal, reconociendo las diferentes posiciones sobre infraestructura y condiciones de aprendizaje», añadió Roa.
Sin embargo, los ponentes de la iniciativa han expresado su firmeza en no ceder, lo que complica aún más la situación. La ponencia tiene solo un día para ser debatida el próximo lunes, antes de que los ejercicios de control político y las conciliaciones legislativas ocupen los días restantes de la legislatura