Por VIVIANE MORALES HOYOS
El proyecto que busca regular la jurisdicción agraria estigmatiza a un sector social simplemente por haber ejercido sus derechos.
Sorprende ver cómo aún no se ha caído en la cuenta del carro bomba que significa el proyecto de ley del Gobierno que busca regular la jurisdicción agraria y al que acaba de ponerle el acelerador mediante el mensaje de urgencia. Cuando uno mira con detenimiento su contenido se percata de que allí, bajo pretexto de desarrollar la jurisdicción agraria y de agilizar los trámites de los conflictos agrarios, se está dinamitando todo el concepto de la justicia establecido en nuestro Estado de derecho constitucional.
De la lectura del proyecto se deduce que el gobierno Petro no trata de desarrollar la órbita de una nueva jurisdicción que opere bajo la tutela y el amparo de la concepción democrática del Estado de derecho, lo que allí se pretende es crear un modelo de justicia ideológica aparte y en contra del Estado de derecho. Los procedimientos que allí consagran violan principios tan irremplazables como el derecho a la igualdad en el proceso, derecho a la controversia de la prueba, como el derecho al debido proceso, como la presunción de buena fe, como el principio de la imparcialidad del juez.
Había venido escuchando desde diferentes voces las alertas sobre los riesgos en que pone el derecho a la propiedad este proyecto de ley, y me parece que son alertas válidas, pero cuando uno estudia el articulado llega a la conclusión de que la amenaza va mucho más allá del derecho a la propiedad y se convierte en un proyecto que colapsa toda la concepción del Estado de derecho constitucional.
Imagínense ustedes que llegan a plantear sin el más mínimo pudor que en el proceso debe regir una nueva institución jurídica que hasta un tiempo sería inverosímil en cualquier proceso judicial de una democracia como es la «presunción de veracidad». Óigase bien: «presunción de veracidad» ¿En qué consiste? En que el juez siempre estará obligado a empezar por creerles a todos, menos al propietario. Las afirmaciones que hagan los sujetos de especial protección constitucional gozan de presunción de veracidad.
Lo que Gustavo Petro quiere es montar a las carreras una red de jueces que trabajen con las cartas marcadas para darles la razón en todo a las bases sociales del Pacto Histórico.
Esto quiere decir que el juez tendrá que empezar creyendo en el proceso al campesino por campesino, a la mujer por mujer, al LGTBI por LGTBI, al indígena por indígena, al negro por negro, al rom por rom, pero nunca al propietario o al empresario agrícola.
Además, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes o su interpretación, el juez deberá resolverla en favor del campesino por ser campesino, de la mujer por ser mujer, del LGTBI por ser LGTBI, del indígena por ser indígena, del negro por ser negro, del rom por ser rom, pero nunca en favor del propietario o del empresario agrícola.
Además, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes o su interpretación, el juez deberá resolverla en favor del campesino por ser campesino, de la mujer por ser mujer, del LGTBI por ser LGTBI, del indígena por ser indígena, del negro por ser negro, del rom por ser rom, pero nunca en favor del propietario o del empresario agrícola.
Lo que Gustavo Petro quiere es montar a las carreras una red de jueces que trabajen con las cartas marcadas para darles la razón en todo a las bases sociales del Pacto Histórico en el campo, sabiendo de antemano que todo proceso va a ir cantado para la derrota de quienes hayan cometido el pecado de ser propietarios de un pedazo de tierra.
El proyecto de ley estigmatiza a un sector social simplemente por haber ejercido los derechos de propiedad o de libre empresa consagrados en la Constitución. Otra vez se demuestra el desprecio que tiene este gobierno por nuestra Constitución porque, aunque el artículo 58 garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes, para el Presidente los propietarios y los empresarios no son ciudadanos amparados por la Constitución sino villanos a quienes se señala de esclavistas y asesinos.
Este proyecto de ley confirma una vez más la fidelidad de Gustavo Petro a la línea más ortodoxa de la religión marxista, según la cual, la propiedad siempre ha sido el pecado original. Todo propietario deberá pagar el atrevimiento de haberlo sido. ¿Será que los congresistas van a permitir que terminen imponiéndonos como delito el porte ilegal de propiedad?
