El comité promotor de esa iniciativa, que busca dejar los impuestos de renta y patrimonio en los departamentos, recogió 3 millones de firmas. Petro se opone.
El proyecto con el que se busca mantener en las regiones los impuestos de renta y patrimonio no cayó nada bien en la Casa de Nariño. Poco después de que el comité promotor de esa iniciativa entregara a la Registraduría más de 3 millones de firmas para convocar a un referendo, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la misma, abriendo un debate sobre la forma en cómo se distribuyen los ingresos públicos en el país.
Las posiciones se muestran irreconciliables, ya que mientras los promotores del referendo sostienen que el país lleva más de tres décadas sin cumplir la promesa de descentralización administrativa que quedó plasmada en la Constitución de 1991, el Gobierno Nacional asevera que de meterse mano al sistema tributario la mayoría de los departamentos serían fiscalmente inviables.
“Si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín. Allí es donde sale la mayor parte del impuesto de renta”, expresó Petro, planteando que el proyecto no tendría pies ni cabeza.
Desde la otra orilla, para los promotores de la iniciativa, esa lectura no solo sería precipitada sino falaz, argumentando que todos los departamentos del país podrán doblar los recursos que hoy les llegan vía Sistema General de Participaciones (SGP) y el único que vería reducidos sus márgenes presupuestales sería el Gobierno Central, al que señalan como el palo en la rueda para muchos de los grandes proyectos que demandan las regiones.
El refrendo Por las Regiones, como fue bautizada la iniciativa, comenzó a cocinarse desde enero del año pasado, cuando varios líderes políticos de diferentes departamentos sumaron fuerzas para impulsar un proyecto con el que se le metiera mano a la Constitución para aumentar sustancialmente los recursos que tienen las regiones para invertir.
En la actualidad, el comité promotor está integrado por una decena de líderes de varios rincones del país, entre los que se encuentra el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; el exdirector del Dane y concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo; la exsenadora y exministra de Comunicaciones María del Rosario Guerra; el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela; la exsecretaria general del Centro Democrático, Paola Rivera Rodríguez y el periodista Diego Santos Caballero.
Pese a no integrar el comité, el proyecto también ha sido defendido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien desde que llegó a su cargo ha criticado la brecha entre los recursos de los que dispone la Nación y los departamentos, señalando que dicha repartición ha generado absurdos como que un municipio de primera categoría como Rionegro, del que fue alcalde, disponga de más recursos para invertir que una Gobernación que tiene a su cargo 125 municipios, como la de Antioquia.
“(De ingresos corrientes de) libre destinación real este año solo contamos con cerca de $200.000 millones, yo disponía de más recursos para invertir en la gente cuando era alcalde de Rionegro que ahora como gobernador de Antioquia”, reprochó Rendón , en enero de 2024, señalando no ver lógico que de los $30 billones que envía el departamento al Gobierno Nacional en Bogotá solo regresen $5 billones.
En un documento de 34 páginas, dicho comité argumentó que para hacer esa redistribución efectiva se haría necesario aprobar un proyecto de ley que modifique el artículo 298 de la Constitución, aquel que establece la autonomía de los departamentos para administrar sus asuntos y planificar su desarrollo.
La propuesta consiste en adicionar un inciso en el que la competencia de gravar la renta y el patrimonio, tanto en personas como en organizaciones, sea exclusiva de los departamentos y el distrito capital, quedando el recaudo exclusivamente en estos.
El cambio es drástico, ya que según se documenta en esa misma exposición de motivos, para 2021 y 2022 ambos tributos representaron 45% de los Ingresos Corrientes de la Nación.
Bajo esa óptica, uno de los argumentos esgrimidos por el presidente Gustavo Petro fue que la Fuerza Pública supuestamente se desfinanciaría. “Tendríamos básicamente un Ejército y una Policía solo en Medellín y Bogotá, el resto de departamentos no tendrían cómo financiar su propia Fuerza Pública”, dijo, volteando la torta y señalando que esa redistribución sería un centralismo para Bogotá y Medellín.
or su parte, los promotores del referendo argumentan que en el inciso que se busca añadir a la Constitución se establecería que los ingresos deberán ser distribuidos atendiendo a criterios de equidad social y solidaridad territorial, creándose mecanismos para que los recursos lleguen a todos los departamentos, sobre todo los que menos recaudo tienen.
Tras entregar las firmas, el procedimiento indica que la Registraduría ahora revisará si la iniciativa cumple con los requisitos. Mientras ese ente deberá elaborar un informe técnico para verificar las rúbricas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisará los estados contables y certificará si se cumplieron con los topes de la campaña.
En caso de pasar ese proceso, deberá expedirse una certificación de cumplimiento. La norma indica que la iniciativa luego debe ser revisada por el Congreso, la Corte Constitucional y posteriormente caería en manos del presidente de la República, quien deberá convocar a las urnas.
Para una victoria, en el referendo deben participar una tercera parte del censo electoral y que la mitad más uno apruebe el proyecto.
“El centralismo sigue siendo predominante en el país”
n diálogo con EL COLOMBIANO, Paola Rivera Rodríguez, una de las integrantes del comité promotor del referendo, se refirió a los puntos más álgidos que marcan el debate de la iniciativa.
¿Por qué plantean que el modelo de ordenamiento territorial de la Constitución de 1991 no ha salido del papel?
“La Constitución de 1991 estableció principios claros de autonomía y descentralización, pero en la práctica estos no se han implementado plenamente. Las regiones siguen enfrentando barreras legales y administrativas que las limitan para ejercer su autonomía fiscal. El centralismo sigue siendo predominante, dejando a los departamentos sin herramientas reales para gestionar sus propios recursos. Esto ha llevado a un estancamiento en el desarrollo regional y ha impedido que los beneficios de la descentralización se materialicen”.
El presidente Gustavo Petro dice que los únicos gobiernos que tendrían finanzas públicas serían Bogotá y Medellín, ¿ustedes ante eso qué responden?
“La afirmación del presidente subestima el potencial de otras regiones. Aunque Bogotá y Medellín tienen ventajas de recaudo e infraestructura, departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Meta y Casanare tienen economías sólidas que podrían prosperar aún más con una gestión autónoma de sus recursos. La autonomía fiscal no busca que todas las regiones sean autosuficientes de inmediato, sino que plantea un proceso gradual para fortalecer sus capacidades administrativas y financieras”.
Dice el presidente Gustavo Petro: “Tendríamos básicamente un Ejército y una Policía solo en Medellín y Bogotá, el resto de departamentos no tendrían cómo financiar su propia Fuerza Pública”…
“El referendo no tiene como objetivo principal la seguridad, ni injerencia directa en esta porque no pone en riesgo la financiación de la Fuerza Pública ni la seguridad nacional. Por el contrario, puede generar beneficios colaterales al fortalecer las economías locales, reducir desigualdades y permitir a las regiones atender de manera más efectiva sus necesidades de seguridad complementaria”.
Recientemente comenzó a andar una reforma del Sistema General de Participaciones, ¿por qué no sirve?
“Actualmente el Sistema General de Participaciones proporciona recursos a las regiones, pero sin otorgarles plena autonomía fiscal. Esto obliga a los departamentos a depender del gobierno central para la aprobación de proyectos, limitando su capacidad de decisión e inversión en áreas específicas.
El referendo busca cambiar esta dinámica, permitiendo que las regiones gestionen directamente los impuestos de renta y patrimonio generados en sus territorios, fomentando una administración más eficiente y responsable. Además, se propone que el Gobierno Nacional central se enfoque en funciones de carácter nacional, como seguridad, defensa, relaciones internacionales y política macroeconómica, mientras que las regiones asumirían competencias en sectores más cercanos a las necesidades locales”.
¿Qué pasa con los departamentos a los que se les reducen las transferencias?
“El referendo no busca desamparar a estos territorios, sino fomentar su desarrollo económico y garantizar la equidad.
Con los departamentos más vulnerables, se propone establecer fondos de compensación que aseguren que los departamentos con menor capacidad recaudatoria puedan mantener y mejorar la prestación de servicios esenciales como educación, salud y agua potable; queremos incentivar a los departamentos para fortalecer sus economías locales mediante la formalización de empresas, el apoyo a sectores estratégicos y la atracción de inversión, teniendo en cuenta que esta es una transición gradual que permitiría a los departamentos dependientes del SGP adaptarse al nuevo modelo mientras reciben apoyo para desarrollar su capacidad recaudatoria”.
