La exconsejera para las Regiones fue imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Este miércoles, 18 de diciembre, Sandra Ortiz se convirtió en la primera exfuncionaria de alto nivel del Gobierno de Gustavo Petro en ser enviada a prisión por su presunta implicación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Una juez de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General y ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que Ortiz podría interferir en la investigación, alterar o destruir pruebas.
A la exconsejera para las Regiones le fueron imputados los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, cargos que no aceptó al declararse inocente.
Para la juez, las pruebas presentadas son suficientes para inferir que Ortiz representa un riesgo para el desarrollo de la investigación y para los intereses de la ciudadanía.
“La señora Sandra se ha demostrado por parte de la fiscalía bajo elementos materiales probatorios quién es ella, qué hace y qué influencia puede tener dentro de estas entidades porque tiene bastante conocimiento, ya que esa ha sido su vida laboral desde 2006 como lo explicaba la Fiscalía hasta este año. Y en el último cargo bastante alto este cargo con bastante influencia para señalar que efectivamente podría sí de alguna manera o destruir la prueba o influir en testigos”, consideró la juez.
De igual manera, la juez tuvo en cuenta el hecho de que Ortiz al parecer eliminó parte de las conversaciones que sostuvo vía WhatsApp con Sneyder Pinilla, según material en poder de la Fiscalía. El juzgado también cuestionó la posible alteración de las bitácoras sobre los movimientos de las camionetas donde al parecer se transportó el dinero a la casa del senador Iván Name, entre el 12 y 13 de octubre de 2023.
Con esta decisión, la exconsejera será trasladada este mismo miércoles a la cárcel para mujeres El Buen Pastor, donde deberá permanecer mientras avanza el proceso penal en su contra.
Al respecto, la investigación se fundamenta en las declaraciones de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes admitieron su responsabilidad en el entramado y están cooperando con el ente acusador, buscando obtener beneficios jurídicos.
Según sus testimonios, la UNGRD fue usada por el Gobierno para repartir coimas a congresistas, con el propósito de que aprobaran las iniciativas de la Casa de Nariño que cursan en el Legislativo.
El dinero para los sobornos salía de los contratos que ejecutaba la entidad, y que terminaban desviándose a los bolsillos de los legisladores.
“La exconsejera presidencial para las regiones utilizó las influencias de su cargo en provecho del senador Iván Name (…) para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato que se estaba ejecutando en el Atlántico”, señaló la fiscal del caso.
En ese momento (2023), Ortiz fungía como consejera presidencial para las Regiones, un cargo cercano al presidente Gustavo Petro. Según la Fiscalía, ella “habría recibido, transportado y entregado al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, $3.000 millones de pesos que tendrían origen ilícito”.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, ese dinero estaba destinado “al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la UNGRD que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”.
En la audiencia, la Fiscalía expuso que el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, Ortiz recibió una maleta con $1.500 millones, la cual le habían enviado Olmedo López Sneyder Pinilla.
Luego, ella habría abordado un vehículo oficial rumbo al norte de la ciudad, para llevarle esa plata en efectivo al senador Iván Name. En la noche siguiente, Pinilla volvió a llevarle a Ortiz una maleta con otros $1.500 millones, que ella también habría recibido para hacérselos llegar a Name, sumando así un total de $3.000 millones.
La Fiscalía detalló que a la exconsejera le encomendaron la tarea de organizar los encuentros para afianzar las relaciones criminales y, sobre todo, generar confianza entre los implicados. Esto, debido a sus buenas relaciones entre los congresistas y el Gobierno, como una especie de enlace. “Usted, siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, programó efectivamente para el 25 de septiembre de 2023 el desayuno en la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde usted residía, con el propósito de presentar a Iván Leonidas Name Vázquez con Olmedo de Jesús López”, dijo la delegada.
